Por Jesús García - El País
El caso de Mohamed Aziz amenaza con tumbar la ley hipotecaria española.
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Mohammed Aziz lee con atención el dictamen que ha dejado herida de muerte la ley hipotecaria española. Su abogado le explica con detalle el contenido del texto y le informa de las repercusiones que puede tener para él y para otras miles de personas en su misma situación, en caso de que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE confirme que la norma, de principios del siglo XX, no garantiza la protección a los consumidores. “Estoy muy contento porque es una situación que no solo estoy sufriendo yo, sino muchas familias en España”, relata Aziz, un obrero marroquí que vive en Cataluña con su mujer y dos de sus hijas y que está orgulloso de que su caso pueda implicar cambios en las ejecuciones.
A la espera de la sentencia —que podría acabar con las cláusulas abusivas de los bancos en las hipotecas—, la situación del hombre y de su familia sigue siendo dramática. Los cuatro viven en un piso de protección oficial en un municipio del cinturón metropolitano de Barcelona. Pagan un alquiler de 370 euros al mes. Pero los ingresos apenas les dan para cubrir el arrendamiento y unos pocos gastos más: en casa solo entran 426 euros que percibe Aziz porque sufre una incapacidad del 33%. “Se me ha concedido también la renta mínima, pero han pasado ya dos meses y aún no la he empezado a cobrar”, explica. ¿Cómo subsiste entonces la familia? “Con ayuda de amigos”, explica sin precisar más.
Las cosas nunca habían ido tan mal. A diferencia de otros tantos inmigrantes de su país llegados en la ola migratoria que trajo la bonanza, Aziz vivía y trabajaba en España desde mucho antes. En 2003, pidió un préstamo para comprar su vivienda. Tres años más tarde, la empresa donde trabajaba como soldador le hizo fijo. Y, en 2007 —el último año del boom económico que puso por las nubes el precio de los pisos— decidió volver a hipotecar su casa con otra entidad bancaria.
Caixa Tarragona —ahora integrada en CatalunyaCaixa— le concedió en verano de ese año un préstamo por 138.000 euros. Aziz debía devolver esa cantidad, más los intereses, en 33 años. La cuota, al principio, rondaba los 700 euros. Esa cantidad suponía, entonces, poco más de la mitad de los ingresos de la familia, ya que el hombre cobraba 1.341 euros al mes. El contrato contenía una serie de cláusulas que, ahora, la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, ha considerado abusivas. Entre otras cosas, el contrato establece que, si Aziz deja de pagar una cantidad, el banco le aplicará unos intereses del 18,75% “desde el día siguiente a aquel en el que se haya tenido que hacer el pago”.
Y los impagos llegaron pronto. Aziz apenas pudo abonar las 10 primeras cuotas de la hipoteca. En las últimas cuotas impagadas, por cierto, la entidad ya había incluido los intereses de demora del 18,75%. Como tantos otros, perdió su trabajo y la familia se quedó sin su único ingreso.
Al año siguiente, el piso fue subastado. El banco se lo quedó por la mitad del precio de tasación: apenas 90.000 euros. Y la deuda de más de 40.000 euros seguía vigente. El 20 de enero de 2011, la comitiva judicial se dirigió al domicilio y expulsó a los Aziz de su casa. Antes de que eso ocurriera él se había movido para no perder el techo. Había contactado con un abogado y éste encontró un camino inexplorado: pidió la nulidad del contrato de préstamo por cláusulas abusivas. No lo sabía entonces, pero dio en el clavo.
El titular del juzgado mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández, admitió a trámite la demanda y elevó una pregunta ante el Tribunal de Justicia de la UE. Suspendió temporalmente el proceso para preguntar a Luxemburgo si el ordenamiento jurídico español “cumple con el marco jurídico de protección a los consumidores frente a cláusulas abusivas” y, en ese caso, “cuál debe ser el grado de intervención del juez por dichas cláusulas”.
“He visto que esta semana se han movido mucho los políticos y los jueces… Tendrían que haberlo hecho antes, y no esperar a que la gente se suicide”, dice Aziz. “Las familias se van a la calle y los pisos están vacíos. Los bancos viven de nuestro sufrimiento”, añade.
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